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La Fiscalía General de la República logró que se inmovilizaran inmuebles, vehículos y cuentas bancarias propiedad de la empresa minera Oceana Gold, antes Pacific Rim, por el impago de los costos procesales al Estado de El Salvador derivadas de un arbitraje internacional que promovió la empresa minera.

El arbitraje se llevó a cabo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) donde El Salvador logró la condena de Oceana Gold, por lo que debía pagar $8 millones de dólares por los gastos en los que incurrió el país.

La solicitud de Diligencias de Auto de Pareatis, se ha dado con el fin de obtener el reconocimiento y autorización nacional para la ejecución del Laudo pronunciado por el Tribunal de Arbitraje del CIADI, y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la cantidad estipulada por la instancia arbitral.

La inmovilización se ha dado luego que la Fiscalía se lo solicitara, el pasado 7 de marzo, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con base en el laudo arbitral que ganó el país en la instancia internacional, con sede en Washington D.C.

La Fiscalía logró inmovilizar nueve inmuebles, todos ubicados en San Isidro, Cabañas; lugar donde habían solicitado el permiso para la exploración y explotación minera.

También se congelaron tres cuentas bancarias con $198,904 y siete vehículos, la mayoría todoterreno.

El 14 de octubre de 2016, El Salvador ganó el laudo arbitral a la empresa Pacific Rim, que había demandado al Estado salvadoreño por $248 millones, argumentando que se le habían vulnerado sus derechos comerciales al prohibirle la exploración y explotación minera El Salvador.

La empresa había sido condenada a pagar los $8 millones en octubre anterior, en concepto de costos procesales incurridos por el Estado salvadoreño desde que había iniciado el proceso.

El CIADI también se pronunció para que la empresa minera pague además los intereses, por el impago de la sentencia.

En el departamento de Cabañas, las comunidades y el movimiento ambiental y social organizado, exigen que las empresas mineras se retiren de sus territorios, en el caso particular a la Fundación El Dorado y Minerales Torogos, que son las subsidiarias de Oceana Gold, antes Pacific Rim, la exigencia es también al Ministerio de Gobernación  para que disuelva la personería jurídica de estas figuras. A la fiscalía se le sigue demandando que investigué posibles vínculos de las empresas mineras con la persecución, amenazas y asesinatos de líderes sociales y ambientales en el departamento de Cabañas.

 

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